¿Qué podemos esperar de un gobierno de transición?

¿Qué podemos esperar de un gobierno de transición?

En los dos primeros meses de gobierno del Presidente Martín Vizcarra observamos un desplome en su aprobación popular. La falta de coordinación existente entre sus ministros de Estado, como por ejemplo el reajuste del impuesto selectivo al consumo para cubrir el déficit fiscal y que fuera apodado como “paquetazo” por los medios de comunicación, así como la consecuente renuncia del titular de economía ante la decisión de realizar una contramarcha a las recientes medidas tributarias, evidencian una falta de sincronización ideológica fruto de un Consejo de Ministros consensuado para lograr la aprobación de la cuestión de confianza e investidura.

Los problemas heredados por el actual gobierno, como el inminente informe final de la comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato, la declaración de nuevos testigos desde Brasil, el proceso de suspensión de tres parlamentarios acusados por los “Mamami audios”, sumada a las denuncias por la compra de equipos electrodomésticos en el Congreso y aumento del personal administrativo en una coyuntura de protesta por la subida de impuestos y combustible, se han convertido en una dura prueba en el estreno de un nuevo jefe de Estado y Consejo de Ministros.

En los distintos medios de comunicación, a través de entrevistas y mesas de análisis, se pueden recoger un conjunto de diagnósticos y recetas, así como críticas constructivas y zozobra respecto a un ejecutivo heredado por dos past gobernadores regionales. Lo cierto, siendo positivos, es que se aplicaron los mecanismos de sucesión presidencial previstos en nuestra forma de gobierno, el cual fue destacado por la prensa internacional y los indicadores económicos mostraron una estabilidad que confirmó positivamente la transición democrática. Las notas de la prensa extranjera señalan más bien de un fortalecimiento del sistema.

Se ha insinuado que el actual Jefe de Estado no fue electo, pero sabemos que pertenece a la misma plancha presidencial del que fuera su titular, para ocupar la primera vicepresidencia y en el orden constitucional de su legítima sucesión; también se ha mencionado que la ciudadanía debe conocer si hubo, o no, un pacto con las fuerzas de oposición para formar gobierno, un deseo de máxima información que sólo debe formar parte de la lectura política del gobernante que es capaz de reconocer la realidad, la circunstancia en la que se encuentra inmerso, la expectativa de la población por sus resultados y el reconocimiento sobre lo que realmente puede lograr hasta julio de 2021, mes y año que culmina su mandato.

Nada de democracia

Las distintas voces y marchas que promueven el cierre del Congreso y necesidad de convocar a nuevas elecciones generales tampoco parecen provenir de una inspiración democrática, que no se diferencia de los promotores del golpe de estado del 5 de abril de 1992. La institución parlamentaria, al ser el centro de discusión política en democracia, es natural que se desenvuelva en un clima a veces tenso y algo provocador, sin dejar de añadirle los “condimentos nacionales” que convierten al Congreso peruano en lo que es ante los ojos de todos, una asamblea multipartidista compuesta por facciones ideológicas radicales, capitalistas populares, conservadoras de la “vieja guardia” y de regiones políticamente emergentes; la mayoría sin formación política partidaria, donde predominan más los intereses particulares y, también para ser positivos, con una lenta pero progresiva incorporación de jóvenes y prometedores congresistas en los últimos cuatro procesos democráticos consecutivos.

Los gritos callejeros en favor del cierre del Congreso y convocatoria para nuevas elecciones se traducen en el levantamiento de una bandera antipolítica, que desconoce la previsión de los constituyentes al redactar la Carta de 1993 y que dieron resultado en otros momentos históricos, como la presidencia transitoria del Dr. Valentín Paniagua Corazao. Improvisar salidas a una crisis es camino al desgobierno, las disposiciones constitucionales sobre la forma de gobierno nos señalan el camino de solución.

Si el legislativo desea conocer la marcha de un sector del gobierno, puede invitar al ministro o incluso interpelarlo; si no responde a las exigencias del cargo, cabe su renuncia y posterior sustitución (como si fuesen fusibles que se cambian cuando se gastan), si ha perdido la confianza del Congreso procederá su censura individual o de todo el gabinete, pero si ha negado confianza a dos consejos de ministros, el Jefe de Estado puede disolver el Congreso. Fuera de este marco de relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo no caben otras soluciones, lo contrario se convierte en sedición, es decir, el levantamiento de un grupo de personas (naturales o jurídicas) contra el gobierno y con el fin de derrocarlo.

El proceso de sucesión democrática no se agota con la juramentación del nuevo presidente e investidura de su gabinete, exige un tiempo de reacomodo, con el agravante que no se trata de un partido de gobierno organizado, con claros principios ideológicos, compuesto por militantes y cuadros político-técnicos formados en sus canteras. Nada de eso y más bien todo lo contrario. Es cierto que el tiempo transcurre y llevamos casi la mitad de un ejecutivo sin poder comenzar y alcanzar una velocidad de crucero, en paralelo a las normales desavenencias con el resto de fuerzas políticas en el Congreso. Por eso, la necesidad de sincerar la posición política del gobierno con un gabinete uniforme ideológicamente parece el camino de solución, quizá no de todos los problemas que suele tener todo régimen democrático, pero si la creación de un equipo de trabajo a cambio de una suma de técnicos de ideología diversas, el cual es más propio de transiciones cortas, cuando el Presidente del Congreso asume la jefatura de estado luego de la renuncia o vacancia sucesiva de los dos vicepresidentes.

El nuevo Ministro de Economía Carlos Oliva Neyra, después de su juramentación por el presidente Martín Vizcarra.

¿Qué se puede exigir al gobierno actual? El sentido común nos dice que continúe con las políticas que vienen surtiendo efectos positivos (por ejemplo los beneficios tributarios a la agro exportación), la necesidad de recortar drásticamente el gasto público con duras decisiones que a mediano y largo plazo la ciudadanía le agradecerá, encaminar la solución a la falta de seguridad ciudadana y volver a brindarle un nuevo impulso a la economía con las llamadas reformas de segundo piso que, a no dudar, comienzan por la formalización de la economía y el empleo. Para poder lograrlo, se hace necesario un clima de estabilidad y alianzas con las fuerzas políticas que comparten su visión del país y la sociedad, con la mejor garantía de un jefe de estado que no tiene pretensiones de permanencia en la escena política, salvo la de culminar un mandato constitucional otorgado al partido ganador de las elecciones generales de 2016, así como la satisfacción de haber servido al país, estar a la altura de las circunstancias, y retornar al normal desarrollo de su vida personal, familiar y profesional. Son pocos los políticos que pueden tener ese privilegio, cito a uno de la democracia moderna, Thomas Jefferson, que dijo: “sólo hice dos cosas en mi vida, fundar un país y una universidad”.

El Ejecutivo no podrá navegar solo en esta aventura, se trata de una barca con dos remos, uno cogido por él Jefe de Estado y su gabinete, otro tomado por el Congreso, ya sea por mayoría propia (que no es el caso) o por coalición con las fuerzas políticas afines (real politique). Debemos tener en cuenta que la historia democrática del país recién se está escribiendo a pocos meses del bicentenario, nos duela o no la realidad es así, por eso el tiempo transcurrido durante los inéditos cuatro periodos democráticos consecutivos son una fuente de aprendizaje en la tarea de gobernar conforme a las reglas del estado de derecho.

La rectificación y ofrecimiento de disculpas del Presidente del Congreso sobre el modo de votación del pasado miércoles 6 de junio, ahora sí excluyendo a los miembros de la comisión permanente como se desprende de la interpretación del reglamento parlamentario, es un acto a destacar y debe reconocerse como parte de un proceso de aprendizaje en nuestra joven democracia, que no es otra cosa que el gobierno de las mayorías respetando a las minorías.

Por Carlos Hakansson.
Docente de la Facultad
de Derecho de la Udep.

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