Decreto que castiga a empresas frenaría la reconstrucción

Decreto que castiga a empresas frenaría la reconstrucción

Las obras de reconstrucción continúan prorrogándose. Ha habido retrasos por la demora en la elaboración de expedientes técnicos que fueron observados y que, como consecuencia, ha dilatado todo el proceso.

A ello, se suma que el Decreto de Urgencia N °003, que paralizó varias construcciones en el país, continuará vigente por 30 días más, lo que pondría en riesgo las obras de reconstrucción. Esto ocurriría -de acuerdo a algunas autoridades piuranas- porque a meses de ejecutarse algunos proyectos, solo las grandes empresas cuentan con los equipos necesarios para intervenir en estas obras.

Sin embargo, de continuar vigente la citada disposición, estas grandes empresas involucradas en actos de corrupción no podrían participar porque la norma se los impide y las pequeñas podrían, pero no tendrían la logística que se requiere.

¿Cuál es la solución?

La congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer, sostuvo que hay obras para la etapa de reconstrucción en las cuales se requiere empresas con suficiente capacidad.

“Es importante tener empresas que cuenten con capacidad técnica para desarrollar las grandes obras que vamos a necesitar, especialmente lo que es el manejo de las cuencas hídricas y los drenajes pluviales. Es muy importante asegurarnos que sean empresas con capacidades y solventes”, expresó la parlamentaria.

Similar fue la opinión del decano del Colegio de Ingenieros de Piura (CIP), Hugo Garcés, quien acotó que es necesaria la participación de las transnacionales porque aportan un conocimiento integral.
Por ello, expuso que si se permite que las grandes empresas concursen para ejecutar grandes proyectos de la reconstrución, deberían crear consorcios con las pequeñas.

“Sería bueno contar con empresas de experiencia, trasnacionales que nos puedan ayudar y que se asocien con empresas locales y nacionales. Debería ser una exigencia que [las grandes empresas] se asocien y eso tiene que estar en la ley de reconstrucción”, señaló.

Acotó que si el Decreto de Urgencia no hubiese impedido la participación de estas empresas en algunas obras de rehabilitación, se hubiese evitado irregularidades como las presentadas en la descolmatación del río Piura.

Karla Sachefer opinó que el Estado debe impulsar políticas para invitar a que otras transnacionales participen en las obras de reconstrucción.

“Mientras [a las empresas] no se les dé un marco legal o constitucional nadie va a querer venir. Debemos tener una legalidad y constitucionalidad muy clara para poder atraer las inversiones”, remarcó.

En tanto, el gerente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco), Carlos Sánchez, precisó que el crear asociones entre empresas, permitirá generar más empleo a diferentes sectores. A su turno, el congresista piurano Hernando Cevallos cuestionó que empresas vinculadas a coimas sean ejecutoras de las obras de reconstrucción.

“En mi opinión, [esas empresas] no deberían participar en la reconstrucción. Debe haber un nivel de control y selección de las empresas que estén con la intención de participar y que se privilegie a las que no tienen relaciones con la corrupción”, refirió.

Los consultados coincidieron en que si estas empresas participan en la reconstrucción, urge cambiar las “reglas de juego” para evitar que sean favorecidas.

“Se necesita que las reglas de juego para inversiones de reconstrucción estén claras. No se trata solamente de decir que como son corruptas, no participan. Hay que ver con quiénes se van a juntar”, demandó Cevallos.

Riesgos

El decano del CIP de Piura, Hugo Garcés, consideró que siempre van a existir riesgos si estas empresas concursan, pero acotó que estos se deben asumir.

“Riesgos siempre van a haber, pero podemos corregirlos y ahora tenemos la oportunidad”, dijo.

De acuerdo a Carlos Sánchez, de continuar vigente esta norma la inversión pública y privada continuará retenida. Incluso porque en un año la disposición no logró sus objetivos.

“El Decreto de Urgencia N° 003 fue cuestionado y no ha traído ninguna consecuencia positiva para el país; lo único que se ha incautado ha sido 25 millones de soles”, criticó.

Cabe precisar que ayer en las comisiones de Economía y Justicia se debatió un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que busca reemplazar al decreto anterior y asegurar el pago de las reparaciones civiles en casos de corrupción.

 

Por: Rogger Barranzuela

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