‘Modernización’ de Enosa aviva temor por alza de tarifas

‘Modernización’ de Enosa aviva temor por alza de tarifas

El premier César Villanueva anunció ante el Congreso que el presidente Martín Vizcarra continuará los planes diseñados durante la breve era Kuczynski: el terminal portuario Marcona (582 millones de soles), la banda ancha para Áncash-Arequipa-Huánuco-La Libertad-Pasco-San Martín (359 millones), la masificación del uso de gas natural (350 millones), y la modernización de Electro Noroeste S.A.; es decir, Enosa (335 millones).

El diagnóstico

De acuerdo con un estudio hecho por el MEF, la capacidad de gasto de las empresas de servicio público era deficiente; por el contrario, en el sector privado la situación permitía aventurar expectativas mucho más alentadoras.

En el caso de las empresas distribuidoras de luz eléctrica, el gasto de las entidades estatales en infraestructura equivalía al 37% de la inversión total ejecutada por distribución. Así consta en un informe de la Dirección de Portafolio de Proyectos, de Proinversión. En el mismo párrafo se afirma que en el sector empresarial la inversión en infraestructura corresponde al 63% del gasto de distribución.

Además, Proinversión ha detectado en Enosa “faltas en atención a nuevos suministros”, “importantes deficiencias” en el servicio, “mayores valores en la duración y frecuencia de interrupciones” (apagones) y advierte que es urgente un gran componente de inversión. Incluso, si Enosa decidiera apostar por algún crédito, este podría ser amortizado en plazos de 30 años por lo menos.

La vacuna urgente

Existe en el bolso de Proinversión un plan que permitiría reactivar a Enosa: la “Modernización de la empresa regional de servicio público de electricidad Electro Noroeste S.A. a través de capitales privados”, el cual prevé que una empresa coloque 335 millones de soles en la distribuidora de luz.

De acuerdo con la ficha resumen de la iniciativa, la tabla salvavidas de Enosa no hará modificaciones en las tarifas. A cambio de su contribución, podría obtener el control del 51% de las acciones de la empresa de luz, lo cual tendría como consecuencia que Enosa no se vea sujeta a las limitaciones burocráticas propias de una entidad pública.

Textualmente: “No se requerirá la aprobación de tarifas especiales ni otorgamiento de compromisos financieros, garantías financieras por parte de Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) ni del Ministerio de Economía y Finanzas ni del Estado […]. El objetivo señalado será llevado a cabo mediante la capitalización de Enosa a través de la emisión de nuevas acciones suscritas por la EPE (empresa de propósito especial) correspondientes a por lo menos cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social de Enosa; lo cual tendrá como efecto que las actividades de Enosa no sean objeto de las normas que regulan los sistemas administrativos de la actividad empresarial del Estado”.

¿Qué significa esto? Fonafe podría colocar acciones bajo el control de la EPE. Aunque no se trate de una venta –que es también una posibilidad-, sí se estaría dejando las decisiones en manos de la entidad entrante.

¿Es posible que con el control de la mitad más uno de las acciones de Enosa, la empresa que se haga cargo de este cascarón estatal no pueda tentar un ajuste tarifario? ¿Podrán los 485 mil 282 usuarios de Piura y Tumbes estar seguros de que el recibo no vendrá más caro en los meses siguientes?

¿Efecto colateral?

El congresista de Frente Amplio, Hernando Cevallos, fue tajante: “Es una forma encubierta de vender Enosa y la experiencia de malbaratar nuestras empresas estratégicas no es buena, como se ha visto en los puertos o en el caso del agua potable en Tumbes. Nadie garantiza que no va a tener un costo social”.

Para el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, la situación es compleja. Fue enfático al señalar que “no veo la forma de que el capital privado pueda intervenir en Enosa si no es mediante alguna forma de cesión o compra de la propiedad de la empresa pública”. Respecto a la variación tarifaria que podría sobrevenir con esta operación, explicó lo siguiente:

“A mí me parece que sí habría una variación de las tarifas porque la inversión se tiene que recuperar. La única manera de mantener la tarifa igual es que aumente la producción de Enosa y yo no creo que esté en capacidad de hacer eso. Así como lo veo, es una venta”.

Distinta fue la opinión del decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura, Humberto Correa: “Los costos de producción, mano de obra, un posible reclamo sindical o el aumento de salarios por parte del Gobierno sí podrían llevar a ello, pero para eso están los organismos supervisores que tienen que rendir cuentas a la sociedad de las alzas en los precios”, detalló.

Contracorriente

La parlamentaria fujimorista Karla Schaefer anunció a El Tiempo que presentará un proyecto para que Enosa permanezca en manos del Estado, que se le permita acceder a créditos de largo plazo y se la trate como a una “industria eléctrica”; es decir, que juegue con las mismas reglas de juego del sector privado, pues Enosa no muestra cifras rojas, sino una rentabilidad óptima:

“Enosa es una empresa rentable. Sus utilidades en el 2016 fueron de S/127 millones y en el 2017, con todo lo del fenómeno El Niño, fueron de S/97 millones. No vamos a permitir que se dé esa venta o capitalización de Enosa”, declaró.

Acerca de los motivos del Gobierno para promover esta acción, Schaefer manifestó: “[Lo que motivaría la posición del Gobierno es la] desinformación o que algún lobista de PPK que se quedó por ahí quiere regalar la empresa a algún amigo”.

Una experiencia

El ingreso de empresas privadas en el ámbito de los servicios públicos ya ha sido ensayado en la vecina región de Tumbes con resultados que han dejado mucho que desear. Es el caso de Aguas de Tumbes S.A. (Atusa), encargada de dar el servicio de agua potable y alcantarillado hace 13 años.

Aunque se preveía que, como una EPS (empresa prestadora de servicios) grande alcanzaría a cubrir las necesidades del 90,88% de la población, apenas se ha logrado atender a menos del 82,58%, como si fuera una EPS pequeña. La concesión del agua fue hecha por treinta años; es decir, quedan 17 años de tortura para los tumbesinos.

 

Por: Adriana Collazos Rojas

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