Editorial: Los riesgos de la participación cívica

Editorial: Los riesgos de la participación cívica

¿Qué tan atinada es la participación de la población en los procesos contra los jueces y fiscales acusados de corrupción? ¿Realmente garantizarán la transparencia del proceso o solo entorpecerán lo escasamente avanzado?

Generalmente, este tipo de propuestas -como que la ciudadanía integre las Oficinas de Control Interno- considera a la ciudadanía como un factor ilustrado, un ente con plena conciencia de su función, de su importancia y de su carácter fundamental en la estructura política del Estado. Cuando la ciudadanía no posee estas condiciones, difícilmente puede hablarse de su idoneidad para contribuir a la administración de justicia.

La justicia no es el resultado de una convulsión anímica, de una alteración hepática, de una voluntad vengativa, etc.; la justicia es un producto de la razón que busca armonizar lo que en lo cotidiano parece disparejo, desigual. La racionalidad es la base de todo derecho. Aquellas personas que piden pena de muerte por cualquier cosa, aquellos airados sujetos que reclaman radicalismo a cualquier costo -incluso el costo de las libertades civiles y la democracia misma-, ¿podrían constituirse en miembros de las instituciones de control? La sociedad civil, los gremios cívicos, ¿han cumplido con su rol pedagógico de instruir a las personas para que tomen las riendas del destino colectivo, o, por el contrario, actúan de manera demagógica y alimentando los apetitos de la irreflexiva masa?

Es lícito que la ciudadanía participe en el control de sus autoridades, pero la eficacia de esta medida no se verá si no hay previa instrucción política y cívica. De otro modo, en vez de jueces tendremos verdugos.

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