Inusual despliegue de efectivos policiales y personal de seguridad de la Corte Superior de Justicia impidiendo el ingreso de periodistas al interior de la sede judicial. Este era ayer el ambiente afuera del Palacio de Justicia, en los momentos previos al traslado de dos trabajadores del Segundo Juzgado de Paz Letrado, investigados por presunta responsabilidad en el cobro indebido de depósitos judiciales y contra quienes ayer se dispuso su detención preventiva. La Corte Superior se abstuvo de revelar los nombres -según un comunicado de prensa- obedeciendo al principio de presunción de inocencia de los investigados. Pero informó que las investigaciones se iniciaron atendiendo a la queja presentada por un ciudadano (Arturo Castro Sosa) ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte, contra el juez, secretario y asistente del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Piura, por el cobro indebido de certificados de depósitos judiciales. Dijo que el órgano de control procedió a realizar las investigaciones, solicitando ante la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma) de Lima, la suspensión (de funciones) de los involucrados, medida cautelar que será desestimada o confirmada en Lima. La fuente oficial dijo, además, que la Odecma dio cuenta del caso al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones, institución que -según confirmó una fuente de esa institución- ordenó asumir el caso a la Segunda Fiscalía Corporativa. “Luego de realizar las investigaciones pertinentes, (el Ministerio Público) formuló el requerimiento de detención preliminar por un periodo de veinticuatro horas contra dos de los investigados (el secretario y la asistente, pero no el juez), ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que despacha la magistrada Georgina Linares Rosado, quien dictó dicha medida” (detención preliminar), la misma que se ejecutó ayer. La fuente aclaró que los investigados no rehuyeron la acción de la justicia, sino que se pusieron a derecho ante el Cuarto Juzgado, quedando detenidos ayer en horas de la tarde. Luego de más de tres horas de espera, incluidos los impedimentos de algunos trabajadores judiciales que intentaban evitar que los investigados sean fotografiados, ellos aparecieron con grilletes, saliendo por la parte posterior de la Corte, siendo trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a la sede del Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción de la Policía, en las instalaciones de la Comisaría de Piura. Al cierre de esta nota, cuatro fiscales participaban de las diligencias. La demanda En fecha pasada, Arturo Castro Sosa demandó a la empresa Serpaca E.I.R.L. (constructora) ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado, logrando que este disponga que la demandada deposite a favor del demandante (al parecer ocho mil soles). Sin embargo, cuando Castro fue a cobrar, se dio con la sorpresa de que el dinero ya había sido retirado. Mediante las indagaciones del caso, la Odecma habría establecido que el dinero fue retirado por una practicante, quien se habría acogido a la colaboración eficaz.